En un término de 47 días la investigación por la multimillonaria estafa de Global Brokers Asociados tomó un giro de 180 grados.

En ese lapso, la Fiscalía 36 de Patrimonio Económico seccional hizo lo que prácticamente dejó de hacerse durante 14 meses, cuando inexplicablemente la investigación permanecía engavetada en otro despacho de la Fiscalía y los afectados reclamaban justicia ante una eventual impunidad en torno al escandaloso caso.

La investigación cambiaría de rumbo cuando a partir del 9 de junio de este año llegó a manos del Fiscal 36.

A partir de ese momento, y en tiempo récord, la Fiscalía acopió las pruebas necesarias que conducirían a las primeras órdenes de captura, poco después de que los centenares de afectados por Global Brokers Asociados y sociedades aliadas habían celebrado un aniversario de impunidad, desde que fueron interpuestas las primeras denuncias, el 11 de marzo de 2015.

Fue así como se dieron las primeras siete capturas, el 26 de julio de este año: Eduardo Vargas Gómez, Yaneth Vargas Gómez, Kimberly Hutchinson Vargas, Gloria Hutchinson Garrido, Ruddy Rodríguez Arias, Manuel Banquez Corvacho y Pablo Hutchinson Garrido.

Otras órdenes de captura no se pudieron hacer efectiva porque los cobijados con las mismas no fueron localizados en sus viviendas.

Sin embargo, el 2 de agosto se entregaron dos directivos contra quienes pesaban órdenes de captura: José Gregorio Pérez Arteaga y Ostap Rafael Tapias Artuz.

Con la judicialización de estas nueve personas aun quedaban pendientes otras 8 órdenes.

De los cobijados con ellas, el martes 16 de agosto se entregaron otros cuatro directivos: Carlos Leal Chávez, Gina Martínez Maestre, Lourdes Torres Martínez y María Mónica Montero.

Igualmente, del listado inicial de órdenes de captura aun quedan por hacerse efectivas las de Cristian Rymel Yurgaky Rey y Vedel Antonio Bonnet García, quienes ejercieron la representación legal de Global Brokers Asociados; Adriana De la Ossa y Garbey Tapias Barreto.

A este listado se sumarían otras órdenes de captura contra directivos y funcionarios relacionados con el negocio de Global Brokers y sociedades aliadas.

Ante la evidencia y contundencia de los hechos, el Fiscal 36 ha solicitado detención intramural, sin embargo la mayoría de ellos han sido cobijados con domiciliaria por parte de los jueces, lo que ha generado indignación entre los centenares de afectados.

Finalmente, este viernes, el juez segundo penal municipal debe decidir si van a la cárcel o no los cuatro funcionarios que se entregaron el pasado martes: Carlos Leal Chávez, Gina Martínez Maestre, Lourdes Torres Martínez y María Mónica Montero.